Los servicios públicos.

Los Servicios Públicos

El Tribunal de Justicia Administrativa es un organismo constitucional autónomo; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; y cuenta con autonomía técnica, de gestión, presupuestal y administrativa.

El Tribunal residirá en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin perjuicio de la existencia de Salas Regionales y dictará sus resoluciones con base en los principios de autonomía, independencia e imparcialidad.

La competencia de este sujeto obligado, se encuentra establecida por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales:

I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales:

a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable;

b) Sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados por autoridades estatales o municipales;

c) Que impliquen una afirmativa ficta, en los términos de la legislación aplicable;

d) Que sean favorables a un particular, cuando la autoridad estatal o municipal promueva su nulidad;

e) Derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales y cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal;

f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones fiscales determinadas conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades fiscales federales  se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente;

g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su liquidación, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

h) Que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación aplicable;

j) Que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la legislación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado;

k) Que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores públicos estatales o municipales, cuando sean considerados como definitivos; o

l) Que determinen una responsabilidad ambiental, de competencia estatal, en los términos de la legislación aplicable;

II. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a la administración pública estatal, cuando por virtud de los convenios de coordinación, los ayuntamientos sufran algún agravio en materia fiscal;

III. En contra del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el afectado en el mismo opte por no interponer el recurso ordinario ante la autoridad competente y cuando afirme que:

a) El crédito exigido se ha extinguido;

b) El monto del crédito es inferior al exigible;

c) Es poseedor, a título de propietario de los bienes embargados en el procedimiento económico coactivo seguido a otras personas, o acreedor preferente al fisco; o

d) El procedimiento económico coactivo no se ajustó a la ley, caso en el que la oposición sólo se hará valer contra la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de resolución cuya ejecución material sea de imposible reparación;

IV. Entre dos o más dependencias o entidades de las administraciones públicas estatal o municipales; y

V. En los demás asuntos que la ley le conceda competencia.

2. En materia de responsabilidades administrativas, el Tribunal tiene competencia para:

I. Resolver sobre las faltas administrativas graves en que incurran los servidores públicos estatales y municipales e imponer las sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los mismos hechos;

II. Resolver sobre los actos vinculados con faltas administrativas graves en que incurran los particulares e imponer las sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los mismos hechos;

III. Resolver sobre las responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios que afecten a lashaciendaspúblicasy patrimonios, estatal o municipales;

IV. Dictar las medidas preventivas y cautelares necesarias para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia; y

V. Conocer de los demás asuntos en materia de responsabilidades administrativas que le conceda la ley.

3. En materia de justicia laboral, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver las controversias jurisdiccionales derivadas de las relaciones laborales del Tribunal con sus trabajadores.

Los servicios públicos que presta este Tribunal están sujetos a lo establecido la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 65 que establece lo siguiente:

Artículo 65. El Tribunal de Justicia Administrativa, es un organismo público autónomo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados de aquéllas con los particulares. Igualmente las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.

El Tribunal de Justicia Administrativa resolverá además, los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores.

Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los poderes o entes públicos locales o municipales, en los casos que así lo determinen los ordenamientos jurídicos.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas anteriormente se desarrollarán autónomamente.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

Dicho Tribunal funcionará según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en el numeral 5 que establece lo siguiente:

Artículo 5. Tribunal - Organización

1. El Tribunal se integra por los siguientes órganos:

I. La Sala Superior; y

II. Las Salas Unitarias;

2. El Tribunal se auxilia de los siguientes órganos;

I. La Junta de Administración;

II. La Dirección General Administrativa, que tendrá a su cargo las unidades administrativas internas que establezca el Reglamento; y

III. Los demás órganos especializados en funciones específicas, con los que deba contar conforme a otras leyes aplicables, los cuales se regirán por las disposiciones legales en la materia y el Reglamento.

3. La Sala Superior y las Salas contarán con el apoyo de los secretarios, actuarios y demás personal que establezca esta Ley y el Reglamento.

4. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será nombrado conforme al artículo 106 de la Constitución Política del Estado y sus atribuciones serán las que establezcan la legislación general y estatal en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicable.

Recursos materiales

Recursos Humanos

Recursos Financieros