Si bien es cierto, que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las copias simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto es que éstas generan la presunción de existencia de los documentos que reproducen; en tal tesitura, si de las pruebas exhibidas en copia simple se presume la existencia del acto de autoridad que se pretende anular, debe concluirse que dichas constancias son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico de la parte actora para interponer juicio administrativo y por satisfecho el requisito contemplado en el artículo 36, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; así, con independencia de que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, establezca la facultad del organismo operador para reducir el suministro en el caso de adeudos por servicios prestados, limitando el servicio a 50 litros de agua al día por habitante, resulta procedente conceder la suspensión de la ejecución en contra de esa reducción sin exigir la constitución de garantía, en tanto se determina por parte de este Tribunal de Justicia Administrativa, la legalidad del adeudo controvertido, con lo cual se salvaguarda el derecho fundamental de la parte actora al acceso al agua para servicio doméstico; a mayoría de razón, si se toma en cuenta que la cuantificación del adeudo correspondiente y su ejecución coactiva es un acto independiente a la reducción del servicio y, en relación a tal determinación de crédito por concepto de derechos, la demandante otorgó caución suficiente para garantizar el interés fiscal.

Ante la negativa manifiesta del demandante de conocer los actos impugnados, corresponde a la autoridad administrativa la obligación de exhibir los documentos relativos al origen de los créditos fiscales controvertidos al momento de realizar la correspondiente contestación de demanda, esto a fin de desvirtuar la negativa de la parte actora y, en su caso, para que el accionante tenga la oportunidad de conocerlos y controvertirlos en el escrito de ampliación de demanda en términos del artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. En consecuencia, en el caso que el demandante niegue lisa y llanamente conocer la resolución controvertida, es incorrecto negar el trámite de la demanda con el argumento de que el promovente no demostró la existencia del documento fundatorio con el que demostrara el ejercicio de la acción.

Del texto del artículo 67 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete) y su correlativo 4 fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se desprende que es procedente el juicio en materia administrativa en contra de las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o municipales, y de sus organismos fiscales autónomos, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra clase de agravio en materia fiscal; en consecuencia, es procedente el juicio de nulidad en contra de la determinación o cobro de los derechos por refrendo anual de placas vehiculares, previstos en el artículo 24 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales de dos mil quince y dos mil dieciséis, así como 23 fracción III, del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, cuando del análisis del escrito inicial de demanda se advierta que se controvierte la legalidad del citado cobro y no la constitucionalidad de la norma que lo prevé.

A través del artículo 107 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se estableció un régimen en el que la responsabilidad patrimonial del Estado es objetiva y directa, lo que implica que el organismo público debe reconocer su responsabilidad por la afectación ocasionada a los particulares con motivo de su actuar irregular, e indemnizarlos cuando se haya acreditado la realidad de los daños resentidos en el patrimonio de los afectados con independencia de la falta o culpabilidad de sus agentes; en ese sentido, es posible imputar a un ente gubernamental por el daño ocasionado a un bien propiedad de un particular, sin que la posible responsabilidad civil del contratista que ejecutó la obra pública generadora del daño extinga la responsabilidad objetiva de la parte demandada; al respecto, solo podría entenderse extinguida la responsabilidad patrimonial del estado cuando se demuestre en el jucuio, que la empresa contratista indemnizó por completo al reclamante de los daños ocasionados, lo contrario, implicaría confundir la responsabilidad administrativa objetiva del estado con la responsabilidad civil del agente productor del daño.

De una interpretación armónica del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se permite arribar a la convicción de que la figura del abogado patrono se equipara a la de un mandatario judicial especial con facultades generales, por lo que desde el momento en que acepta tal designación, queda facultado para realizar directamente en el juicio aquellos actos procesales que beneficien a la parte que lo designó, entre ellos, la ampliacion del escrito inicial de demanda, ya que éste último es un acto que resulta necesario para la defensa de los derechos de la parte actora.

VISITAS DOMICILIARIAS, INSPECTORES QUE LA PRACTICAN, REQUISITOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan Al H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en tal Ayuntamiento, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.
Juicio de Nulidad, expediente I-A 34/96 promovido por Jorge Kosonoy Celedón en contra del C. Tesorero Municipal y Director de Inspección de Reglamentos y Espectáculos, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, sentencia definitiva dictada con fecha 02 dos de Febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, resuelto por unanimidad de votos, Magistrado Ponente Lic. Manuel Hermosillo Allende, Secretario de Sala: Lic. Francisco José Carrillo González.

VISITAS DOMICILIARIAS, INSPECTORES QUE LA PRACTICAN, REQUISITOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan Al H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en tal Ayuntamiento, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.
Juicio de Nulidad, expediente I-A 571/96, promovido por León Rosales Cisneros en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y Dominio de la sociedad mercantil denominada Grupo Vallarta, S.A. de C.V. en contra del C. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto, Vallarta, Jalisco, sentencia definitiva dictada con fecha 01 primero de Octubre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, resuelto por unanimidad de votos, Magistrado Ponente Lic. Manuel Hermosillo Allende, Secretario de Sala: Lic. Francisco José Carrillo González.

VISITAS DE INSPECCION, NECESARIAMENTE DEBEN DESARROLLARSE ANTE DOS TESTIGOS.- El mandato del numeral 16 de la Constitución General de la República señala que toda visita domiciliaria practicada por la autoridad debe hacerse constar ante dos testigos que deben firmar el acta que se desprenda asentando los hechos y circunstancias ocurridos durante la práctica de la diligencia, por ello, la práctica de esta diligencia ante únicamente un testigo invalida toda la visita de inspección, y el acta donde se asiente no puede ser considerada solamente como fundamento jurídico de un procedimiento sancionatorio iniciado por la autoridad en contra de un particular.
Juicio de Nulidad III-19/2001.- Juan Aguiñaga Martínez Vs. Directora de la Región Sanitaria VIII de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.- 29 de agosto del año 2001.- Magistrado: Carlos Alfredo Sepúlveda Valle.- Secretario: Darío Rivera Robles.

VISITAS DE INSPECCION, FORMALIDADES. Las autoridades deben de conducirse exacta y puntualmente conforme a las exigencias legales al ejecutar actos de molestia hacia los particulares, específicamente, tratándose de visitas de inspección, por tanto, la omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en la ley, trae como consecuencia la violación a la esfera de derechos de los gobernados; en estos términos la autoridad debe demostrar la preexistencia de mandamiento escrito que ordene, funde y motive la práctica de la visita de inspección y que el mismo fue cumplimentado cabalmente por el inspector que realizó la visita de inspección, de no ser así, el acta que al efecto se levante adolecerá de violaciones de fondo que necesariamente llevarán al juzgador a declarar su nulidad lisa y llana.
Juicio de Nulidad II-B 199/00. IGNACIA CHAVEZ SANCHEZ. 14 de julio del año 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado José Gabriel Peñaloza Plascencia. Secretario: María Isabel de Anda Muñoz.